El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha expresado su “preocupación” por las “dificultades” que ponen las plataformas de alquileres turísticos para facilitar información a las autoridades locales. Por ejemplo, el Gobierno de las Islas Baleares denunció que “la dificultad de identificar a los titulares reales” de las viviendas puestas en alquiler “dificulta mucho su supervisión”.

En un dictamen sobre vivienda aprobado por el pleno de dicho organismo, el ente que aglutina a los gobiernos locales y regionales de la Unión Europea instó a las plataformas a “respetar los objetivos de las políticas públicas”, como las que fijan una disponibilidad de viviendas asequibles o protegen los centros urbanos.

En el texto, el Comité de las Regiones remarca que garantizar viviendas asequibles “es una cuestión de interés público” y reivindica dejar este asunto en manos de los ayuntamientos.

Las autoridades locales y regionales reclaman herramientas para encontrar un “equilibrio” entre el precio de los inmuebles y la creciente demanda de alquileres a corto plazo en la UE, sobre todo de tipo turístico, pero también por razones de trabajo o estudios.

El ponente del dictamen aprobado, Roberto Ciambetti, admitió que el turismo es “un sector estratégico y un instrumento de integración”, pero también incidió en la necesidad de “poner a las comunidades en el centro del debate” que suscita.

“Hay un fenómeno de overtourism con los efectos que ello entraña para los bienes inmuebles y el aumento de los alquileres para la población local, con el consiguiente desplazamiento del centro hacia la periferia de residentes, trabajadores y estudiantes”, apuntó Ciambetti, que también es presidente del parlamento regional del Véneto (Italia).

Este debate sobre vivienda tiene lugar en el Comité de las Regiones después de que la Comisión Europea haya propuesto un reglamento comunitario para agilizar el intercambio de datos entre Estados y hacer más transparente la identificación de los anfitriones que alquilan sus casas a través de plataformas.

Baleares y Euskadi insisten en las sanciones

En este sentido, el Gobierno de las Islas Baleares denunció que “la dificultad de identificar a los titulares reales” de las viviendas puestas en alquiler “dificulta mucho su supervisión”.

El director general de Relaciones Exteriores del Govern, Antoni Vicens, remarcó “la responsabilidad” que, a su juicio, tienen las grandes plataformas y, por esta razón, insistió en la necesidad de “desarrollar procedimientos sancionadores que no permitan los anuncios de viviendas turísticas sin número de registro”.

El Ejecutivo balear cuenta, por ejemplo, con un sistema de licencias turísticas que llevan aparejado un número de registro. El hecho de que aparezca este identificador en la web donde se anuncia un alojamiento sirve para acreditar que se trata de un alquiler legal.

Por esta razón, Vicens pidió a las plataformas en línea que incorporen el número de registro de las viviendas que anuncian y defendió que “una acción a nivel europeo es necesaria” en este ámbito.

Régimen sancionador

A juicio del Gobierno vasco, también representado en el pleno del Comité de las Regiones, el dictamen aprobado “incorpora avances importantes para mejorar el control” sobre los alquileres turísticos y “dotar de instrumentos a las autoridades para recoger e intercambiar datos”.

Aun así, la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, María Ángeles Elorza, se manifestó en la misma línea que Baleares y afirmó que, para que “resulte eficaz”, al dictamen le falta reconocer “la capacidad de las autoridades competentes para aplicar un régimen sancionador” a las plataformas que incumplan con el reglamento propuesto por la Comisión.

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