Durante todo su mandato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha impulsado diversas reformas, que buscan “transformar” el panorama político, económico y social en México, siendo la más reciente de estas su Reforma Administrativa. Mediante la misma busca dotar al sector público de facilidades para desarrollar proyectos y limitar las prerrogativas de los privados.

Sin embargo, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) señaló que la propuesta del presidente para modificar 23 leyes en materia administrativa vulnera el Estado de Derecho, pues genera incertidumbre jurídica, violenta el orden jurídico nacional y atenta en contra de las empresas.

¿Qué es la Reforma Administrativa de AMLO?

La Reforma Administrativa de AMLO busca que la Administración Pública Federal pueda decidir unilateralmente, así como “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Además, confiere atribuciones al gobierno para “llevar a cabo actos que corrijan desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general”.

Desgraciadamente, las implicaciones de los cambios mencionados dejan a la iniciativa privada en una posición de desventaja frente al gobierno al mando. 

¿Cómo afecta a las empresas la Reforma Administrativa de AMLO?

El proyecto de AMLO de implementar la Reforma Administrativa ha generado malestar entre el empresariado, debido a las graves implicaciones que tiene para este sector. Estas son algunas de las más importantes:

1.- Modificación al juicio de lesividad

En principio, si la iniciativa se aprobara se reformaría tanto la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Al modificarse estas leyes se redefiniría el juicio de lesividad, el cual actualmente tiene el objetivo de subsanar una actuación ilegal que se haya configurado mediante un acto o resolución administrativa favorable a un particular. Actualmente este juicio es promovido por el Estado cuando considera que una autorización se emitió de forma contraria a las leyes, pero es muy poco común.

Sin embargo, con la Reforma Administrativa, AMLO busca que el juicio de lesividad sea procedente al señalar cualquier acto que cause un perjuicio al Estado o que lesione el interés público. Desgraciadamente, esta modificación da al gobierno el derecho de actuar de acuerdo con las necesidades de la autoridad en curso.

2.- Posibilidad de revocar actos administrativos

Si la reforma es aceptada, el gobierno podrá prevenir actos que puedan causar daños al erario mediante la revocación de actos administrativos que afecten el interés público, general o social. Para lograr esto se incluirá una cláusula exorbitante, la cual otorga prerrogativas a la administración pública sobre los particulares.

3.- Limitación de las indemnizaciones 

Finalmente, la reforma propuesta por el presidente modificará la Ley general de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; la Ley de Expropiación y la Ley federal de Procedimiento Administrativo con el fin de establecer límites a los montos de indemnizaciones.

Con esto en mente, se prevé que no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios cuando se cumplan ciertas condiciones; además, al reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado se podrá eliminar la definición e actividad irregular, lo que deja en manos de las autoridades determinar qué es actividad irregular.

4.- Pasa por encima tratados internacionales

Otro de los problemas de la Reforma Administrativa es que pasa por encima de los tratados internacionales. En primera instancia, con la ley de expropiación se pretende implementar una regulación que integre bienes que no se aplican en los tratados internacionales. Así, el Estado tendrá la posibilidad de recuperar un bien sin llevar a cabo el procedimiento legal.

 5.- Posibilidad de adquirir bienes en licitación pública internacional

Finalmente, se propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público para poder adquirir bienes en licitación pública internacional  “sin agotar la licitación pública nacional cuando las investigaciones de mercado evidencien que se pueden obtener mejores condiciones de precio, cantidad y calidad”.

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