El recorte presupuestario de 16 mil millones de pesos al Poder Judicial, aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, es una decisión política que busca debilitar a esta institución, aseguró la analista político, María Amparo Casar.

La analista explicó que los 13 fideicomisos que se quieren extinguir son utilizados para financiar programas y prestaciones para los trabajadores del Poder Judicial, como becas, cursos de capacitación, pensiones y seguros de vida.

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