La futura Ley de Vivienda, que verá la luz este año, ha despertado la preocupación del sector hotelero, ya que los empresarios creen que muchos propietarios de inmuebles en zonas tensionadas se pasarán del alquiler residencial al vacacional, y eso no solo avivará la competencia desleal y afectará al negocio, sino que provocará tensión entre los residentes y los turistas.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) puso el foco este viernes en los “efectos colaterales” que puede tener una nueva normativa que otorgará mayor protección al inquilino y establecerá un límite al precio de los alquileres.

A su entender, esta regulación dará lugar a que “muchos propietarios de domicilios en zonas tensionadas decidan abandonar el alquiler residencial y pasarse al formato vacacional o temporal de corta estancia, que limitan una parte de los riesgos de los propietarios y, en muchos casos, ofrecen una rentabilidad mayor”

Ya en 2022 las plazas de viviendas de uso turístico aumentaron un 33,8%, según el informe UrbanTUR 2022 de Exceltur. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o San Sebastián, se ha observado que los propietarios de viviendas obtienen una rentabilidad superior al 60% si publicitan sus inmuebles en portales de alquiler de corta estancia, en lugar de destinarlos a contratos de largo plazo.

Los barrios más tensionados de las ciudades y destinos turísticos son aquellos más demandados por los turistas, quienes se deciden por el alquiler vacacional, generando en esos distritos una disminución del stock de vivienda para residencia permanente. Para CEHAT este fenómeno tiene un carácter aún más dramático en los destinos turísticos estacionales, “donde la falta de viviendas para trabajadores de temporada ha generado grandes dificultades para conseguir personal y poder prestar servicios”.

Más información

La vivienda y el coste de vida, la otra cara de la escasez de empleados

Fuga de talentos en hoteles de Canarias y Baleares por la falta de vivienda

Viviendas turísticas: las ciudades buscan soluciones para regular su uso

Los barrios emblemáticos con mayor densidad de viviendas de uso turístico

Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

Frente a esta posibilidad, la patronal hotelera plantea la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los tenedores de viviendas para que las puedan alquilar con garantía. “Esta situación no se va a arreglar hasta que los propietarios no tengan una total seguridad jurídica a la hora de alquilar sus viviendas. El derecho a la vivienda no debe descansar solamente sobre los propietarios. El impago de los inquilinos podría solucionarse, por ejemplo, con los afianzamientos del Gobierno y la mayor celeridad en el funcionamiento de la justicia ordinaria”, ha reflexionado Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

La patronal hotelera demanda al Ejecutivo que se aproveche esta nueva ley para establecer unas reglas a nivel nacional que aseguren una buena convivencia entre los residentes, los turistas y los usuarios de viviendas vacacionales y alojamientos provisionales

A su vez, CEHAT subraya que factores como las condiciones actuales de protección del inquilino, la casi imposibilidad del desahucio o la limitación de rentas han disminuido ya en torno a un 12% de media en un año la oferta de alquiler tradicional en grandes ciudades y destinos y mucho más en ciudades tensionadas. Por esa razón, alertan que la nueva ley “agravará el problema de acceso a la vivienda libre, perjudicando a los colectivos sociales más vulnerables”.

Según los emprearios, las nuevas medidas “favorecerían también la competencia desleal” entre los alojamientos informales y los hoteles, ya que existe una “gran asimetría normativa” entre ambas tipologías de alojamiento

Hoy en día, remarcan, conviven la ausencia de regulación de las de viviendas de uso turístico (VUT) en muchas comunidades autónomas y/o ayuntamientos frente a la multitud de normas que deben cumplir el resto de los subsectores del alojamiento. Esto ha dado lugar hasta la fecha a un importante aumento de la economía sumergida, “al fraude laboral y fiscal, a problemas de índole ciudadana y a una desventaja competitiva en el resto de las modalidades de alojamiento”.