Por Andrés Díaz Larios, colaborador en Allenza

El sector energético desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social de México. Su correcta gestión y regulación son vitales para garantizar un suministro confiable, sostenible y accesible de energía.

El sector ha experimentado transformaciones significativas en sus últimos años. Una de las más importantes fue la liberalización del mercado energético (2013), lo cual marcó un hito en la historia del país al abrir las puertas a la inversión privada en la industria. Esto llevó al aumento en la competencia y a la diversificación de la matriz energética (totalidad de energía que utiliza un país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía).

Sin embargo, persisten desafíos considerables. La dependencia histórica de los hidrocarburos, particularmente del petróleo, sigue siendo un aspecto crítico para la economía mexicana, lo que la expone a fluctuaciones en los precios internacionales. Además, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles se han visto prácticamente nulificadas con la actual administración.

Las políticas públicas juegan un papel decisivo en la dirección y evolución del sector energético mexicano. Es imprescindible empezar por implementar un programa de incentivos fiscales y financieros; así como lograr la regulación de las emisiones y estándares de eficiencia, y empezar a fomentar la micro generación, entre muchas más. Es justamente aquí donde se encuentra el principal reto. 

Pero dichas políticas no podrían establecerse sin las acciones de los actores del sector, los cuales cumplen -o deberían cumplir- responsabilidades específicas, que lamentablemente en el país se ven influenciadas por el gobierno en turno, evitando que haya una continuidad. Por un lado, tenemos al Gobierno Federal (SENER) que es el encargado de establecer las políticas, regulaciones y marcos legales que rigen el sector energético; por otro lado, está la Comisión Reguladora de Energía (CRE): quien regula y supervisar los mercados de energía en México, asegurando la competencia y la transparencia en el sector.

Empresas estatales como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son actores clave en la producción y distribución de energía en México, pero ambas representan grandes desafíos: la primera debe de tener un plan para el  manejo de la deuda y sus finanzas, debe mejorar la eficiencia y la productividad, así como garantizar la reducción del impacto medioambiental. Por su parte CFE, necesita entrar de lleno a la transición energética y la competencia, reglas claras para la regulación de la energía, así como empezar a abrir camino en la inclusión y el acceso a la energía de todas y todos lo mexicanos 

No podemos dejar de lado la participación del sector privado, a la Sociedad Civil y Organizaciones Ambientales: ya que desempeñan un papel crucial al promover la competencia, la sostenibilidad y la conciencia ambiental en el sector energético. Contribuyen de manera específica a la promoción de políticas y tecnologías más limpias y sostenibles. 

El sector energético en México necesita una transformación profunda, sin embargo, parece que por ahora está en pausa. Las políticas públicas no han sido implementadas correctamente, ni suficientes y cada vez nos alejamos más de tecnologías limpias y eficientes. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible lograr un sector energético resiliente, competitivo y sostenible que beneficie al país y contribuya a su desarrollo sostenible. 

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