Un juez ha sentenciado que el Ayuntamiento de Barcelona debe otorgar a una inmobiliaria 120 licencias de piso turístico que no había admitido a trámite, todas en una misma finca de la calle Tarragona, según ha confirmado la teniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz.

“El juez nos ha obligado a admitir estas 120 nuevas licencias de pisos turísticos. La interpretación que ha hecho el juez, que no podemos recurrir nosotros desgraciadamente y con la que no estamos de acuerdo, es que cuando se inadmitieron las licencias, en 2019, había un vacío legal que permitía que pudiera entrarlas”, ha explicado la teniente de alcalde.

Cuando la inmobiliaria solicitó las 120 licencias para la actividad de viviendas de uso turístico había una sentencia, que anulaba el Plan urbanístico de alojamientos turísticos, recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que el Ayuntamiento de Barcelona consideraba que la norma tenía vigencia, pero el juez ha interpretado ahora que no y que, por tanto, se debían admitir esas licencias.

Vecinos todavía viven en el bloque

La teniente de alcalde que ha reconocido que el ayuntamiento desconoce si judicialmente hay reclamaciones parecidas, ya que no hay registro de las licencias de pisos turísticos inadmitidas.

“Lamentamos mucho esta situación. No tiramos la toalla. Estamos buscando las fisuras jurídicas, comprobando si estas licencias cumplen todos los requisitos urbanísticos y legales para abrir la actividad y otras opciones jurídicas para hacer prevalecer el derecho a la vivienda de los vecinos que viven allí sobre el uso turístico”, ha señalado Janet Sanz.

“Paraguas a los pisos turísticos”

La teniente de alcaldía Sanz ha anunciado que hoy pedirá una reunión con el Govern para que la Generalitat haga una propuesta para que se puedan revocar licencias de pisos turísticos cuando generan molestias o atentan contra el derecho a la vivienda y habilite a los ayuntamientos para hacerlo.

Janet Sanz ha reclamado al Estado y a la Generalitat leyes que no den “paraguas a los pisos turísticos” y eviten que las licencias “se puedan pedir sin control, con un simple comunicado administrativo”, como sucede ahora.

También a la Unión Europea que obligue a los estados a hacer prevalecer el derecho a la vivienda respecto al de hacer negocio.

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