A finales de marzo del 2023 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso una reforma a la Ley Minera vigente en México, con el fin de recuperar la rectoría del  Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el país; así como para regular el el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para la minería en el territorio nacional.

Así, la Reforma Minera impulsada por AMLO busca modificar diversas disposiciones como la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

Además, una vez aprobados los cambios, se busca que aquellas personas que no cumplan con las nuevas medidas sean sancionadas con hasta 15 años de prisión, más multas equivalentes a 5% sobre los ingresos anuales y un monto adicional de 1 millón 037,400 pesos.

¿Qué cambios propone la Reforma Minera de AMLO?

La lista de cambios que propone la Reforma Minera de AMLO es amplia, sin embargo, algunos de los principales puntos que podrían modificarse una vez que aceptada son:

• Se elimina el carácter preferente de la actividad minera. No se justificará la expropiación a favor de particulares y propiedad social; se transforma la figura de las asignaciones a favor de las entidades paraestatales.
• Se elimina el esquema de terreno libre. También se modificará el esquema de otorgamiento de concesiones para concurso público.
• Propone eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terrero para aprovechamiento minero. Las empresas deberán pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de los dueños del terreno.
• La prórroga de las concesiones mineras se reducirá de 50 a 15 años.
• No se reconocerán actos de derecho privado para la transmisión de la concesión minera. La Secretaría de Economía será la que podrá autorizar la transmisión cuando se cumplan los requisitos.
• La concesión queda condicionada a la disponibilidad hídrica, y en su caso, a la concesión del agua para la actividad.
• Será posible cancelar la concesión si no se publican los posibles daños y riesgo al equilibrio económico, así como por no contar con permisos o programas de gestión de residuos.
• Será obligatorio determinar los impactos sociales en cada concesión minera a través de un estudio. 

Además de esto, la iniciativa propone un esquema en el que las concesiones se darán mediante concurso público; y se eliminará el carácter preferente de la actividad minera, no permitiendo generar un beneficio exclusivo privado. 

¿Cómo afecta al empresariado esta reforma?

Como en otras ocasiones, el sector empresarial recibió con escepticismo la Reforma Minera de AMLO. El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Jaime Gutiérrez, indicó que la aprobación de la reforma puede traer diversas consecuencias negativas, entre ellas que se dejarían de invertir más de 9 millones de dólares en el sector. Lo cual afectaría al 30% de la planta productiva y a más de 70 industrias.

Gutiérrez también indicó que el país perdería confianza para atraer inversiones, pues la exploración de un asentamiento minero dura entre 10 y 20 años, por lo que reducir el tiempo de las concesiones representará un obstáculo para proyectos futuros. De igual manera, señaló el riesgo de que el Estado sea el único que pueda explorar para brindar las concesiones.

Ante la situación, Camimex dio a conocer que es necesario un foro abierto con especialistas en el que se analice la reforma y sea posible brindar información que permita impulsar una ley “moderna y lógica”. Cabe destacar que la industria minera es la quinta que más ingresos genera en México, además de otorgar más de 400 mil empleos directos y 3 millones de empleos indirectos.

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